América Latina lleva 10 años “totalmente estancada” en su lucha contra la corrupción, lo que socava la democracia y los derechos humanos, y hay retrocesos alarmantes en Venezuela y países de América Central, alertó Transparencia Internacional (TI) en su informe anual.

“Los líderes corruptos apuntan contra activistas y consolidan su poder, al tiempo que se atacan los derechos de la prensa, la libertad de expresión y la libertad de asociación”, denunció Delia Ferreira Rubio, presidenta de TI.

Desde 1995, el Índice de Percepción de la Corrupción de TI clasifica a 180 países y territorios en una escala de cero (muy corruptos) a 100 (muy limpios).

Dinamarca (88), Finlandia (88) y Nueva Zelanda (88) son los países menos corruptos del mundo, según este informe, y Somalia (13), Siria (13) y Sudán del Sur (11) registran los índices de corrupción más elevados.

Venezuela y Uruguay

Muy cerca de estos países sacudidos por las guerras está Venezuela (14), cuya nota, la peor de América Latina, no deja de empeorar desde 2013 y donde la “gran corrupción causa graves violaciones a los derechos sociales, incluyendo la educación, la salud y la alimentación”.

TI alerta además de que el sistema judicial venezolano ha perdido su independencia y “se ha convertido en un instrumento de represión contra la disidencia” y “las violaciones de derechos humanos se invisibilizan y permanecen impunes”.

La organización no gubernamental lamenta que pese a la existencia de abundantes leyes sobre el tema y un compromiso regional de actuar contra este flagelo, “la corrupción sigue debilitando la democracia y los derechos humanos” en la región y se necesitan “acciones contundentes para revertir esta tendencia” y proteger a la sociedad civil, insiste la organización.

En su fotografía general de 2021, TI critica que algunos presidentes, como Jair Bolsonaro en Brasil o Nayib Bukele en El Salvador, usaron la lucha contra la corrupción como bandera de campaña para atraer a un electorado decepcionado de los políticos tradicionales y “cansado de la corrupción”.

Pero estos líderes “no han presentado avances en su lucha contra la corrupción y sí han tomado medidas antidemocráticas” y “regresivas”.

“Cuanto más democracia y más goce efectivo de los derechos fundamentales, más difícil es que florezca la corrupción”, advierte a la AFP Luciana Torchuaro, responsable para América Latina de la organización.

Torchuaro, asesora regional para América Latina de TI, explicó a EFE que este estancamiento no solo “ha socavado la democracia y los derechos humanos”, sino que también ha reincidido en los índices de pobreza y desigualdad y afectado a la lucha contra la pandemia.

En América Latina, el país mejor calificado es Uruguay (73), “un ejemplo de cómo la estabilidad y solidez de las instituciones democráticas (...) son claves para que la corrupción no permee las instituciones públicas”, dice TI, considerando que este contexto institucional ha permitido que el país enfrente de forma más eficaz la pandemia de coronavirus.

“Lo que hemos podido confirmar con el caso de Uruguay es una de las grandes hipótesis de Transparencia Internacional: cuando las instituciones fuertes y democráticas funcionan, la corrupción es menor”, añade Torchuaro.

Luego viene Chile (67) y del resto, el único que aprueba es Costa Rica, con 58 puntos, al que siguen Cuba (46), Colombia (39), Argentina, Brasil (38), Ecuador, Panamá, Perú (36), El Salvador (34), México (31), Bolivia, República Dominicana, Paraguay (30), Guatemala (25) y Honduras (23)

Los últimos de la lista son, además de Venezuela, Nicaragua (20), Haití (20) y Honduras (23)

El informe repasa también la evolución en estos últimos 10 años de clasificaciones: Paraguay es el único que ha mejorado significativamente su puntuación; Chile, Guatemala, Honduras, Nicaragua o Venezuela han caído considerablemente.

Argentina (39) fue el país de la región que más retrocedió (cuatro puntos) en 2021, debido a la injerencia del poder político en la justicia y “los abusos de poder” durante la pandemia, como una vacunación preferente para funcionarios y allegados o compras y contrataciones “poco transparentes”.

Torchuaro reconoce que la región cuenta con una buena legislación contra la corrupción y que los gobiernos han asumido compromisos pero que “faltan acciones firmes para cumplirlos”

Para ello, opina la analista, “hay que dotar a los organismos públicos encargados de implementar estas leyes de los recursos necesarios económicos y técnicos, y, por supuesto, sumarle voluntad política”.

Además, Torchuaro incide en la importancia de garantizar la separación de poderes, en una región donde “el sistema de pesos y contrapesos es muy débil”.

“Es fundamental que los gobiernos pasen de la palabra a la acción”, reclama Torchuaro, para quien es importante también que la ciudadanía pueda controlar al poder, exigir la rendición de cuentas y cuestionar lo que está pasando.

“Los grandes cambios no solo suceden desde arriba, sino también desde abajo. El éxito en la lucha contra la corrupción depende de que todos los sectores, todas y todos, pongamos un granito de arena”, concluye la analista. 

América Central en su punto más bajo

En Centroamérica, la lucha contra la corrupción está en su punto más bajo, afirma TI. Nicaragua es el ejemplo más flagrante. La concentración de poder en manos del presidente Daniel Ortega, reelegido en noviembre, y de su esposa, Rosario Murillo, “ha permitido que el gobierno viole los derechos humanos y se burle del sistema electoral”, afirma TI.

Honduras (23) no se queda atrás. Desde 2015 perdió siete puntos en la lista y su presidente saliente, Juan Orlando Hernández, fue acusado de narcotráfico. TI resalta la llegada al poder de la izquierdista Xiomara Castro, que se comprometió a eliminar las “leyes de impunidad”.

También preocupa la situación en Guatemala (25), donde élites económicas y políticas e incluso sectores del “crimen organizado” se han apropiado del poder judicial y “han forzado al exilio a fiscales y jueces reconocidos por luchar contra la corrupción”.

Por último, el autoritarismo también amenaza a El Salvador (34), según TI, donde el gobierno toma medidas que socavan la independencia del poder judicial. Además, se sospecha que altos funcionarios del Ejecutivo participaron en “esquemas de corrupción multimillonarios” vinculados con fondos destinados a la lucha contra la pandemia del coronavirus”.

En El Salvador, el gobierno de Bukele ha emprendido una deriva autoritaria con medidas que socavan la independencia del poder judicial y con ataques públicos a organizaciones de las sociedad civil, activistas y periodistas independientes. (Fuente: El País)

En el marco de los 10 años de la incorporación de Uruguay a la Alianza para el Gobierno Abierto, se presenta el 5to Plan de Acción Nacional 2021-2024, ratificando así el compromiso asumido por Uruguay en impulsar los valores del gobierno abierto como principios transversales a la gestión pública.

El Plan es impulsado por Presidencia de la República y liderado por el Grupo de Trabajo de Gobierno Abierto, formalizado por el Decreto del Poder Ejecutivo N°357/2016.

Al igual que las versiones anteriores, es producto de un proceso de co-creación, que busca un Estado Abierto, transparente y eficiente. Asimismo, en esta oportunidad, en el documento convergen los tres poderes del Estado, integrando simultáneamente iniciativas de Parlamento Abierto, Justicia Abierta, organismos de Administración Central y de Gobiernos departamentales.

Se establecen 29 compromisos de 23 instituciones del Estado, agrupados en cuatro ejes temáticos:

1) Gestión pública más eficiente y abierta al monitoreo de la ciudadanía

2) Participación ciudadana y políticas para la igualdad

3) Gestión, vigilancia y protección ambiental y ordenamiento territorial

4) Hacia un Estado Abierto

Catorce de los compromisos asumidos integran demandas de diferentes actores que presentaron ideas o propuestas en las mesas de diálogo, a través de la Plataforma de gestión de propuestas, en los talleres de co-creación, o en la Consulta Pública.

El Grupo de Trabajo de Gobierno Abierto es articulado por Agesic y en él participan representantes de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio de Relaciones Exteriores (MREE), Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Poder Judicial, Poder Legislativo, Congreso de Intendentes (Gobiernos Departamentales de Montevideo y Florida), Instituto Nacional de Estadística (INE), Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), la Red de Gobierno Abierto, la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales Orientadas al Desarrollo (Anong); y el Rectorado y Pro rectorado de Gestión de la Universidad de la República (UdelaR) .

Durante el proceso de elaboración del plan participaron 83 instituciones públicas, 51 organizaciones de sociedad civil, nueve instituciones académicas, seis instituciones del sector privado, y cuatro organizaciones internacionales.

Acceda al quinto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2021- 2024

El senador nacionalista Juan Sartori decidió no presentar ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) la declaración jurada de bienes de su esposa, Ekaterina Rybolovleva, para lo cual tenía plazo hasta este jueves, según informó Búsqueda. Un año atrás, el legislador detalló en su declaración jurada que contaba con un patrimonio de casi 100 millones de dólares, pero no incluyó los datos de su cónyuge, por lo que el organismo le solicitó esa información.

Según informó Búsqueda, a partir de fuentes allegadas a Sartori, el senador fundamentará su respuesta en un informe jurídico de la empresa Deloitte y otros asesores legales que alega que él y Rybolovleva tienen separación judicial de bienes, por lo que Sartori no está obligado a presentar la declaración jurada de ella. Además, se amparan en que el matrimonio no está constituido en Uruguay ni tiene un reconocimiento judicial de concubinato.

Una vez que Sartori responda formalmente, el directorio de la Jutep deberá decidir si el senador incurrió en una “falta grave” –prevista en la Ley 19.797 que regula el régimen de declaración jurada de los funcionarios públicos— por ocultamiento de ingresos o bienes.

En diálogo con la diaria, la presidenta de la Jutep, Susana Signorino, indicó que Sartori no entra en la categoría de “omiso” conforme a la normativa porque presentó la declaración jurada, pero resaltó que “la ley prevé que en caso de que no se presente en forma –porque no hay que olvidarse de que es una declaración jurada– se inicia un procedimiento”. Afirmó que si no presenta la información solicitada sobre el patrimonio de su cónyuge se iniciará “el procedimiento correspondiente”.

Signorino explicó que este procedimiento “implica que se le intima la presentación varias veces y se comunica al Parlamento”. En su opinión, podría llegar a configurarse una “falta grave”, pero dijo que esto sólo se confirmará cuando haya una respuesta formal del legislador. “Nos tendrá que dar a nosotros los argumentos. Si no cumple, se lo intimará. Ya le dimos prórroga porque estaba en el exterior, ahora ya está. Le quedaba plazo hasta hoy, veremos qué pasa y resolveremos. De acuerdo a la ley, si no cumple, lo que corresponde es una intimación”, adelantó.

La jerarca señaló que en antecedentes similares se dio la “posibilidad de enmendar declaraciones juradas que no estaban correctas”. “Siempre vamos por las buenas y tratamos de que lo solucionen motu proprio, con un impulso de nosotros pero sin entrar en el procedimiento”, apuntó.

La Comisión Uruguaya de Lucha Contra la Corrupción convoca a una Asamblea General Extraordinaria para considerar el siguiente orden del día:

1) Reforma de los Estatutos

2) Plan de Acción

3) Designación de Mesa provisoria

3) Fijar fecha para realizar una Asamblea General Ordinaria que convoque a elecciones

Jueves 9 de diciembre. Primer llamado: 19 horas. Segundo llamado: 19.30 hs.

Rodó 1712 entre Minas y Magallanes