Uruguay volvió a ser parte de la lista gris de la Unión Europea de donde había sido sacado en marzo de 2019 tras superar la evaluación que se realiza en el seno del Foro de Prácticas Fiscales Nocivas que funciona en el ámbito de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Tras la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, publicaron una lista “negra” de los países considerados jurisdicciones no cooperativas en asuntos fiscales o conocidos comúnmente como paraísos fiscales y en ese sentido la ha reducido a nueve jurisdicciones, en pleno debate por la publicación de los Pandora Papers, una investigación que ha revelado la elusión fiscal de decenas de políticos, empresarios y artistas.

Fue además la misma reunión en la que la Comisión Europea dijo estar segura de que en este mes se cerrará el acuerdo internacional para la tributación de las multinacionales. El pacto busca fijar un tipo mínimo efectivo del impuesto de sociedades del 15% a nivel global para desalentar el uso de paraísos fiscales, así como adaptar el modo en que se asignan los beneficios de las grandes multinacionales para asegurar que tributan donde realmente tienen actividad.

Han salido de la lista negra Anguila, Dominica e Islas Seychelles porque se les concedió una "revisión suplementaria”. Estos tres territorios formaban parte de la lista negra europea porque no cumplían con los estándares fijados a nivel de la OCDE sobre intercambio de información tributaria. Sin embargo, con esta actualización pasan a la lista gris de paraísos fiscales, en la que se incluyen aquellos países que tienen regímenes dañinos para la UE pero que se encuentran en proceso de cambiarlos. Comparten el sitio con otros 11 países: Barbados, Costa Rica, Hong Kong, Jamaica, Maldivas, Malasia, Macedonia del Norte, Qatar, Tailandia, Turquía y Uruguay.

Continuan en la lista negra Samoa Americana, Fiyi, Palau, Panamá, Samoa, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes Americanas y Vanuatu, “países no pertenecientes a la UE que fomentan las prácticas fiscales abusivas, las cuales erosionan los ingresos del impuesto de sociedades de los Estados miembros”, según explica la UE.

Desde que la UE empezó con la publicación a finales de 2017, la lista de los paraísos fiscales se ha reducido a la mitad, pues comenzó con 18 jurisdicciones. Esta rebaja ha traído diversas críticas relacionadas con los criterios de inclusión. Oxfam Intermón, por ejemplo, se queja de que en la lista no aparezcan “los paraísos fiscales reales” porque no incluye a ninguno de los 12 países del mundo con un tipo impositivo del 0% ni tampoco a los territorios donde operan bancos de la UE.

Estas críticas hicieron que el Parlamento Europeo aprobara a principio de año una resolución en la que se proponían cambios para que el procedimiento de añadir o suprimir nombres de la lista sea “más transparente, coherente e imparcial”, así como para ampliar el análisis para que no solo se examinen países de fuera del bloque, sino también a los propios Estados miembros. El Parlamento también reconoció que los “cambios cosméticos” en el sistema tributario no deberían ser suficientes para sacar a un país de la lista negra, en la que se contemplan sanciones que incluyen un mayor monitoreo y auditorías, retenciones de impuestos, requisitos especiales de documentación y disposiciones contra el abuso.

Los criterios que fueron tenidos en cuenta por la Unión Europea para calificar las jurisdicciones fueron: (i) políticas de transparencia fiscal, (ii) fiscalidad justa y (iii) implementación de las medidas sugeridas por la OCDE. 

El alcalde nacionalista de Florencio Sánchez, Alfredo Sánchez, y otras ocho personas, fueron condenadas en el marco de la “Operación Corruptio” en Florencio Sánchez, localidad del departamento de Colonia.

Sánchez fue condenado a dos años de prisión efectiva y un año de libertad vigilada por delitos de fraude y asociación para delinquir. Además del alcalde, fueron condenados su hijo, edil departamental, su hija y su nuera, ambas concejales del municipio.

Fiscalía de Rosario, a cargo de la fiscal Sandra Fleitas, obtuvo la condena para 9 personas por delitos contra la administración pública. 7 de ellas fueron condenadas a penas mixtas de prisión y libertad vigilada y 2 a penas de libertad vigilada

El caso se dio en el marco de una investigación que comenzó en 2018 y lo retomó la fiscal Fleitas. “No estaba vigente la LUC (Ley de Urgente Consideración), entonces la circunstancia en cuanto al tipo de penas cambia”, sostuvo y dijo que “dos personas quedan en libertad, pero con una condena”.

Entre los delitos imputados se encuentra “asociación para delinquir”. Fleitas señaló que “se dan delitos contra la administración pública”. Las dos personas condenadas, pero en libertad, son dos mujeres. (Montevideo portal)

El periodista Antonio Ladra publicó en su cuenta de twitter algunos adelantos de la vinculación de Uruguay y las Pandora papers. Por ejemplo, hasta ahora se sabe que en Uruguay se crearon 418 sociedades offshore y que nuestro país aparece con 485 beneficiarios finales de estas compañías, ubicándose en el top five de América latina, detrás de Argentina, Brasil y Venezuela en números absolutos y en el primer lugar per cápita.

Otro dato significativo que se revela en los Pandora Papers es que la firma Apexuy S.A. es la filial uruguaya de la firma panameña Alcogal y según lo anotado por la prensa paraguaya, el diario ABC, es la favorita de los ciudadanos paraguayos, que la han usado como puente y triangulación para abrir empresas offshore en los paraísos fiscales. Alcogal tiene su sede en el WTC y funciona alli desde el año 2012. Otra firma panameña, la OMC group, que surge de la revelacion de los Pandora Papers, tiene su filial uruguaya en una oficina ubicada en Avenida de las Américas Edificio Corp. Lagos. tambien ha sido usada para abrir empresas offshore en países de baja tributación.

Casi 12 millones de documentos filtrados dieron pie a la mayor colaboración periodística en la historia: el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) revela los secretos financieros de 35 jefes y exjefes de Estado, más de 330 funcionarios públicos en más de 90 países, así como un amplio abanico de celebrities, deportistas y empresarios.

Pandora Papers desnuda los negocios offshore del Rey de Jordania, de los actuales o ex presidentes de Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Ucrania y Kenia, del primer ministro de República Checa, y del exprimer ministro británico Tony Blair. Los archivos también detallan las actividades financieras del “ministro extraoficial de propaganda” del presidente ruso Vladimir Putin, y de más de 130 multimillonarios de Rusia, India, Estados Unidos y México, entre otros.

La filtración permitió espiar sobre el complejo mundo compuesto por abogados, intermediarios y brokers que operan en el corazón de la industria offshore. En total, la nueva filtración exhibe a los dueños reales de más de 29.000 sociedades offshore. Estos beneficiarios finales vienen de más de 200 países; los más numerosos son de Rusia, Reino Unido, Argentina, China y Brasil.

ICIJ trabajó asociado a un equipo de más de 600 periodistas de 150 medios, quienes dedicaron casi dos años a examinar la filtración meticulosamente, a rastrear fuentes y a excavar en los archivos judiciales y otros registros públicos de decenas de países.

Entre los tesoros escondidos que revelan los documentos se destacan un castillo en la Riviera Francesa valuado en 22 millones de dólares, -con cine privado y dos piscinas-, comprado a través de sociedades offshore por el primer ministro de República Checa, Andrej Babiš, un multimillonario quien ha hecho campaña contra la corrupción de las élites económicas y políticas.

El rey Abdullah II de Jordania reunido con senadores en el Capitolio en julio de 2021 en Washington. (Jabin Botsford /The Washington Post)

El rey Abdullah II de Jordania reunido con senadores en el Capitolio en julio de 2021 en Washington. (Jabin Botsford /The Washington Post)

La realeza no quedó al margen: hay tres mansiones en la costa de Malibú, que el Rey de Jordania compró por 68 millones de dólares a través de tres sociedades offshore años después de la Primavera Árabe, en la cual los jordanos salieron a las calles para protestar contra el desempleo y la corrupción.

Los Pandora Papers muestran además que un contador inglés basado en Suiza trabajó de la mano con abogados en las Islas Vírgenes Británicas para ayudar al Rey Abdullah II, a comprar 14 casas en Estados Unidos y Reino Unido de manera secreta, por más de 106 millones de dólares. Sus asesores le ayudaron a crear al menos 36 sociedades de papel entre 1995 y 2017.

En 2017, el rey compró también, a través de una sociedad de BVI, una propiedad de 23 millones de dólares que domina una playa de surfistas en California. El monarca realizó un pago extra para que otra sociedad de BVI, controlada por sus asesores patrimoniales de Suiza, actuase como directora nominee -o de pantalla- para la sociedad de BVI que adquirió la propiedad.

En el mundo offshore, los directores nominees son personas o compañías pagadas para actuar como fachada en lugar de la persona que realmente está detrás de una compañía. En un formulario de Alcogal, el despacho que trabajó para el rey, indicó que el uso de directores nominees ayudaría a “preservar la privacidad, al impedir que la identidad del beneficiario final sea accesible al público”.

Correos internos muestran que Alcogal y el asesor suizo también discutieron sobre maneras para evitar que se revele el nombre del Rey a las autoridades Islas Vírgenes Británicas. En correos electrónicos, los asesores offshore se referían a él en clave: “Ya sabes quién”.

Abogados británicos del rey dijeron que la ley de Jordania no lo obliga a pagar impuestos, y que tiene razones de seguridad y privacidad para controlar propiedades a través de sociedades offshore. Dijeron que el rey nunca malversó fondos públicos. Los abogados también dijeron que la mayoría de las sociedades y propiedades identificadas por ICIJ no tienen conexión con el rey o ya no existen, pero no dieron más detalles.

Expertos opinan que, como dirigente de uno de los países más pobres y dependientes de la ayuda extranjera de Medio Oriente, el rey tiene motivos para no ostentar su riqueza. “Si el rey de Jordania exhibiera su riqueza de manera más abierta, no solo generaría antagonismos en su población, sino enojaría a los patrocinadores occidentales que le dieron dinero”, dijo Annelle Sheline, experta en autoridades políticas y religiosas en Medio Oriente, a ICIJ.

En el vecino Líbano, donde han surgido debates similares respecto a la riqueza y la pobreza, los Pandora Papers muestran que personajes del más alto nivel político y financiero también usaron paraísos fiscales.

Los secretos del mundo offshore

Los documentos filtrados provienen de 14 firmas proveedoras de servicios offshore instaladas en varios países. Estas firmas incorporan sociedades pantalla y otros escondites en paraísos fiscales para sus clientes, a quienes generalmente buscan mantener sus operaciones financieras en las sombras.

Por lo menos 11,3 billones de dólares están ocultos en el mundo offshore, según un estudio publicado en 2020 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Debido a la complejidad y el nivel de secretismo, resulta imposible saber cuántos de esos recursos están ahí por evasión de impuestos u otros delitos, y cuántos han sido reportados ante las autoridades tributarias.

La investigación Pandora Papers es incluso más grande y más global que la investigación emblemática Panamá Papers de ICIJ, que sacudió el mundo en 2016 y desembocó en operativos policiales, en la aprobación de nuevas leyes en decenas de países, y provocó la caída de primeros ministros en Islandia y en Pakistán.

Los operadores del mundo offshore no actúan de manera aislada. Trabajan de la mano con otros proveedores de servicios para entrelazar capas de sociedades y trusts en el mundo. A mayor complejidad de las estructuras, mayores costos, pero también mayor protección para los clientes.

Entre los personajes que los documentos vinculan con bienes offshore resaltan la diva de la música pop Shakira y la supermodelo Claudia Schiffer. En la mayoría de los países, controlar activos offshore o usar sociedades de papel para hacer negocios transfronterizos no es ilegal. Las personas que hacen negocios internacionales afirman que necesitan estas sociedades offshore para llevar a cabo sus asuntos financieros.

Sin embargo, estos asuntos suelen resumirse en canalizar las ganancias de los países con impuestos elevados -donde se generan estas ganancias- hacia sociedades que solo existen en los papeles dentro de jurisdicciones de baja recaudación fiscal. El uso de estas guaridas es particularmente controversial para figuras políticas.

La industria offshore está integrada por distintos actores, en especial los estudios de abogados que se especializan en ese negocio, y también los bancos. Un documento de los Pandora Papers muestra, por ejemplo, que diversos bancos han creado casi 4.000 sociedades offshore para sus clientes, de la mano con Alemán, Cordero, Galindo & Lee, una firma panameña. Este despacho, también conocido como Alcogal, controla oficinas y filiales en una docena de países como Nueva Zelanda, Uruguay y los Emiratos Árabes Unidos. Otro documento muestra que Alcogal creó por lo menos 312 compañías en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) a solicitud del gigante de servicios financieros Morgan Stanley.

Mandatarios latinoamericanos

Uno de los mandatarios de América Latina que aparece en Pandora Papers es el chileno, Sebastián Piñera. La investigación llevada a cabo por los medios chilenos CIPER y LaBot destapa la compraventa de Minera Dominga a través de una estructura offshore en Islas Vírgenes Británicas, junto al empresario Carlos Alberto Délano, uno de sus amigos de la infancia. Nueve meses después de que Piñera asumiera su primera presidencia, en diciembre de 2010, la familia del mandatario dejó el negocio en manos de Délano. Para desprenderse del negocio se firmó un acta en Chile por 14 millones de dólares y otra en el paraíso fiscal por 138 millones. El monto debía satisfacerse en tres cuotas, pero el último pago estaba sujeto a que no se estableciera un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, en medio de reclamos ambientalistas.

Pero el gobierno de Piñera no promovió la protección ambiental, pese a haber rechazado otro proyecto en la zona y a las demandas ambientalistas. De esta forma, la familia presidencial recibió finalmente su tercera cuota. El gerente de las empresas de la familia Piñera aseguró que el Presidente no maneja sus negocios desde hace 12 años, que no fue informado sobre el proceso de venta de Dominga y que la investigación judicial sobre la operación acabó en sobreseimiento.

Guillermo Lasso, el exbanquero y electo presidente de Ecuador en abril pasado, es otro de los latinoamericanos adinerados que abrió un trust en Dakota del Sur. Documentos filtrados muestran que Lasso creó dos trusts en Dakota del Sur en diciembre de 2017, tres meses después que el congreso de Ecuador aprobara una ley que prohibía a los funcionarios tener bienes en paraísos fiscales. Los archivos muestran que Lasso movió dos sociedades offshore al trust de Dakota del Sur, desde dos fundaciones secretas en Panamá. Lasso le dijo al diario El Universo que investigó los documentos que el uso de estructuras offshore en el pasado fue “legal y legítimo” y que cumple con las leyes de Ecuador.

Los trusts instalados Dakota del Sur y en muchos otros estados de Estados Unidos siguen cubiertos por el secreto, a pesar de que este año se reformó la Ley de la Transparencia Corporativa en Estados Unidos, que hace más difícil para los dueños de ciertas sociedades esconder su identidad.

Los documentos filtrados también revelan que el ex presidente paraguayo, Horacio Cartes mientras ocupaba la primera magistratura, era propietario junto a su familia de empresas offshore con participaciones valoradas en más de USD 1 millón. Cartes y sus tres hijos eran dueños de una empresa en Panamá llamada Dominicana Acquisition SA. Según los documentos analizados por el diario ABC Color, la empresa tenía un departamento en Miami y una cuenta bancaria en el Banco Amambay de Paraguay, ahora llamado Banco BASA, que es propiedad del Grupo Cartes.

“Refugio para estafas”

Los documentos secretos contrastan ciertos pronunciamientos públicos expresados este año sobre riquezas, desigualdades y paraísos fiscales, en una época en que los gobiernos del mundo batallan con la caída de sus ingresos, una pandemia, el cambio climático y la desconfianza ciudadana.

En febrero pasado, el Instituto Tony Blair por un Cambio Global urgió a los tomadores de decisiones a promover, entre otras medidas, más impuestos sobre las tierras y las residencias. Blair, fundador y presidente ejecutivo del instituto, habló de cómo los ricos y las personas bien conectadas han eludido el pago de impuestos desde por lo menos 1994, cuando hizo campaña para convertirse en el líder del Partido Laborista de Reino Unido.

Los Pandora Papers muestran que, en 2017, Blair y su esposa, Cherie, se volvieron dueños de un edificio Victoriano de 8,8 millones de dólares, cuando adquirieron una compañía de las Islas Vírgenes Británicas que controlaba la propiedad. El edificio, situado en Londres, es ahora la sede del despacho legal de Cherie Blair.

Al comprar las acciones de la compañía en lugar del edificio, los Blair se beneficiaron de un arreglo legal que les permitió evitar el pago de 400.000 dólares en impuestos sobre la propiedad.

Cherie Blair dijo que su esposo no estuvo involucrado en la transacción, cuyo propósito –según ella-- consistió en “regresar la compañía y el edificio al régimen legal y regulatorio de Reino Unido”. También dijo que “no quería ser dueña de una compañía de BVI” y que “el vendedor, por sus motivos personales, solo quería vender la compañía”. La sociedad está ahora disuelta.

Las sociedades offshore no distinguen continentes ni ideologías.

En junio, el ministro brasileño de Economía, Paulo Guedes, propuso una reforma fiscal que contemplaba un nuevo impuesto de 30% a las ganancias obtenidas a través de entidades offshore. Expertos estiman que los más ricos de Brasil controlan cerca de 200 mil millones de dólares en entidades fuera del país, no sometidas al impuesto. “No deberías sentir vergüenza por ser rico”, dijo Guedes. “Deberías avergonzarte por no pagar impuestos”.

Los Pandora Papers revelan que Guedes creó Dreadnoughts International Group en 2014 en las Islas Vírgenes Británicas.

Estados Unidos: un actor “pesado”

En la última década, Dakota del Sur, Nevada y más de una docena de otros estados de Estados Unidos se han transformado en líderes de la industria del secreto financiero. Al mismo tiempo, las naciones más poderosas han mantenido su atención, y la de sus autoridades, en los paraísos fiscales “tradicionales”, como las Bahamas, las Islas Caimán y otras islas paradisíacas.

Estados Unidos es uno de los actores más pesados en el mundo offshore. Es, también, el país mejor posicionado para acabar con los abusos financieros offshore, gracias al papel central que juega en el sistema bancario internacional. Como el dólar es, de facto, la moneda global, la mayor parte de las transacciones internacionales fluyen desde y hacia plazas bancarias basadas en Nueva York.

Pero Estados Unidos está más interesado en obligar a los demás países a entregar información sobre las operaciones bancarias offshore, que de los estadounidenses en compartir información sobre el dinero que se mueve a través de las cuentas bancarias, las compañías pantalla y los trusts registrados en su propio país.

En 2014, ese país se negó a sumarse a un acuerdo apoyado por más de 100 jurisdicciones – incluyendo Islas Caimán y Luxemburgo - que hubiera obligado a las instituciones financieras estadounidenses a compartir la información que tienen sobre los bienes de personas extranjeras.

En los últimos 20 años, líderes políticos han abogado por “erradicar” los paraísos fiscales. Se han referido a las compañías de papel y al lavado de dinero como “amenazas contra nuestra seguridad, nuestra democracia y nuestra forma de vida”. Han aprobado nuevas leyes y firmado acuerdos internacionales.

Sin embargo, el sistema offshore nunca ha dejado de adaptarse, y la delincuencia transfronteriza, la evasión de impuestos y la desigualdad siguen prosperando.

(Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación)