El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Fratti, aprobó la creación de dos comisiones preinvestigadoras sobre el Ministerio de Turismo: la primera presentada por el Frente Amplio (FA), para indagar en las compras y gastos realizados en la cartera durante el período marzo 2020-julio 2021, “relacionados directamente con el actuar del exministro Germán Cardoso”; y la segunda, a propuesta de Cardoso, que se centrará en la “contratación de medios por parte del Ministerio de Turismo así como los eventos realizados y los montos pagados desde marzo de 2010 hasta agosto de 2021”.

Fratti explicó que se trata de dos comisiones separadas aunque las integran los mismos legisladores –Cecilia Bottino (FA), Álvaro Dastugue (Partido Nacional) e Iván Posada (Partido Independiente)–, e indicó que tienen que producir dos informes para presentar el viernes, a partir de los cuales el Plenario de la cámara deberá definir, por mayoría simple, si se conforman comisiones investigadoras o no.

En la nota que redactó el diputado frenteamplista Eduardo Antonini para fundamentar la creación de la comisión preinvestigadora se hace un racconto de diversos episodios protagonizados por Cardoso “aparentemente reñidos con la legalidad, la ética y la moral”; principalmente, los vinculados a las compras y gastos realizados durante su gestión, que denunció el exdirector de Turismo Martín Pérez Banchero. Allí se argumenta que el sector turístico ha llegado a representar 8% del producto interno bruto y que las políticas de Estado para estimular el desarrollo del sector, severamente golpeado por la pandemia, “al día de hoy se ven interrumpidas y empañadas con sendos hechos relacionados a la gestión del exministro Cardoso”.

“El exministro Cardoso ha estado en agenda pública desde hace un buen tiempo dado que se ha visto involucrado en diversos hechos aparentemente reñidos con la legalidad, la ética y la moral. Esta lamentable sucesión de hechos puede ocasionar y generar impactos en la imagen del sector turístico y por tanto a nuestra imagen país, sin perjuicio de confrontar con el principio de buena administración, que debe regir en todo organismo estatal y el actuar probo y decoroso que debe tener cualquier servidor público, en este caso, un ministro de Estado”, sostiene el representante por Maldonado. En ese sentido, acota que “el sector turístico requiere en la actualidad de los mayores esfuerzos para recuperarse de la grave crisis que transita, esfuerzos que no vemos reflejados por continuos hechos que repercuten directamente en la cartera ministerial”.

Entre las presuntas irregularidades que surgen de las acusaciones de Pérez Banchero, se destacan las compras directas observadas por el Tribunal de Cuentas (TCR); compras a una sola empresa por montos “sin precedentes”; gastos “excesivos” en publicidad y compras realizadas sin contar con informes y asesoramientos previos. También se menciona la ejecución de gastos “meses antes de existir actuaciones administrativas que lo justifiquen y de que las empresas presentaran sus ofertas; reiteraciones de gastos observados por el TCR ‘por no ajustarse a la normativa en materia de compras’ ni a lo indicado por el mencionado Tribunal” y la contratación directa a empresas “que el Banco República no le ha abonado por decisión de su Unidad de Prevención al Lavado de Activos y por operar con un Banco en Panamá, país que integra la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional”.

En la opinión del FA, estos elementos deben “ser investigados” y “analizados cautelosamente pues los mismos contienen hechos con posibles vicios de ilegalidad e incluso de incurrir en la configuración de algún delito penal”. “Claramente se gastó dineros públicos sin un parámetro claro, sin objetivos específicos, sin un plan de respaldo, de comunicación, sin un relevamiento de información que arrojara la necesidad de invertir de la forma desproporcionada en la que se incurrió. Nos podríamos preguntar si era necesario invertir para gastos de publicidad en paradas de Punta del Este en medio de una pandemia que nos dejó prácticamente sin una temporada estival y turística”, se inquiere en el texto.

Pocas palabras

Como contracara de la argumentación de 15 páginas que presentó Antonini, en la nota que envió a Fratti, Cardoso limitó su exposición a un párrafo en el que manifiesta su intención de crear una preinvestigadora “para clarificar la contratación de medios por parte del Ministerio de Turismo así como los eventos realizados y los montos pagados por la mencionada cartera”. El resto de la nota, también de unas 15 carillas de extensión, consiste en una serie de artículos del semanario Búsqueda en los que principalmente se dieron a conocer las denuncias de Pérez Banchero, sin comentarios ni acotaciones agregados por el exministro.

El martes, al asumir su banca en la cámara baja, Cardoso aseguró que “la metodología utilizada” durante su gestión “es la misma que utilizaban los gobiernos anteriores”, con lo que argumentó la necesidad de impulsar una investigadora de las gestiones frenteamplistas en Turismo.

Al respecto, Antonini opinó que “ha sido una práctica constante en este gobierno, cuando aparece un hecho irregular”, apuntar contra el FA. En tanto, para Cardoso, el FA “no quiere investigar para atrás”. “Es raro, ¿no?”, se preguntó en diálogo con El Observador.

(En base a la diaria)

Nuevos elementos se suman al cuestionamiento hecho a la Intendencia de Rocha por haber contratado a la fundación A Ganar. Tal como lo hicieron en el verano los ediles y el diputado del Frente Amplio (FA) por Rocha Gabriel Tinaglini, ahora se suman informes del Tribunal de Cuentas (TCR) y de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). Según informa Brecha, señalan irregularidades en el trámite y cuestionan que el secretario general de la intendencia, Valentín Martínez Vicentino, haya participado en el llamado a licitación cuando su hermana, Verónica Martínez Vicentino, es la vicedirectora y jefa del departamento técnico de A Ganar.

El 8 de enero, la Intendencia de Rocha resolvió contratar a la fundación A Ganar para desarrollar el “gerenciamiento de recursos humanos” para un programa socioeducativo de temporada, para que preste servicios “de higiene ambiental y otros emergentes relativos a la temporada estival”. A Ganar obtuvo ese contrato mediante un llamado a licitación que la comuna rochense llevó a cabo el 29 de diciembre de 2020; el plazo de presentación de propuestas vencía el 8 de enero. Entre la presentación y el cierre del llamado, apenas hubo un día hábil -30 de diciembre-, porque desde el 31 de diciembre hasta el 7 de enero el edificio de la intendencia estuvo cerrado.

El informe del tribunal, que llega en respuesta al pedido que había hecho Tinaglini, señala que hubo varias irregularidades en el trámite administrativo de la licitación. La contadora delegada del TCR en la intendencia observó el gasto de la licitación porque vulnera normas de control administrativo. Según destaca el semanario, entre ellas está el retraso en la remisión de los antecedentes para su control preventivo y la decisión de ampliar la licitación por 1,5 millones de pesos.

El informe también señala otras irregularidades. Se criticó que el pliego no incluyera criterios objetivos de evaluación de las ofertas y que el dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones “no contiene fundamento alguno sobre la admisibilidad y la conveniencia de la oferta”.

Por su parte, el ministro Enrique Cabrera señaló que A Ganar fue contratada para la gestión y administración de recursos humanos, cuando se presenta como una organización de promoción social, destacó que “la facturación no corresponde con el servicio prestado” y agregó que la fundación “podría estar incumpliendo sus obligaciones fiscales”.

Contratos entre hermanos

Por otra parte, Brecha también divulga el informe de la Jutep que indica que la participación del secretario de la intendencia “no incidió en la adjudicación de la licitación a la fundación A Ganar, ya que esta se aprobó por unanimidad”, y que “no se perjudicó a ningún interesado, ya que no hubo otro oferente”. De todas formas advierte que “hubiera sido prudente y éticamente correcto que el secretario general de la Intendencia de Rocha se excusara de participar”.

“Se debe evitar cualquier acción en el ejercicio de la función pública que exteriorice apariencia de violar las normas de conducta en la función pública”, recuerda la Jutep y agrega que los funcionarios públicos deben cumplir con los deberes de probidad e imparcialidad y que “deberán abstenerse de intervenir en aquellos casos que puedan dar origen a interpretaciones por falta de imparcialidad”.

(En base a Brecha semanario y la diaria)

El tire y afloje entre Germán Cardoso, titular del Ministerio de Turismo, y el exdirector nacional de la cartera, Martín Pérez Banchero, que terminó con su cese hace pocos días, sigue teniendo eco en el ámbito político. Pérez Banchero acusó a Cardoso de hacer compras directas por fuera de la norma, en declaraciones al semanario Búsqueda.

Mientras en filas del Frente Amplio (FA) analizan posibles iniciativas a nivel parlamentario, como una interpelación a Cardoso, varios dirigentes del Partido Colorado (PC) se acercarán a la sede de la calle Martínez Trueba para que la Comisión de Ética y Conducta Política investigue la situación que involucra a ambos jerarcas.

En la carta los firmantes -que pertenecen a diversos sectores colorados- señalan que denuncian tanto a Cardoso como a Pérez Banchero por “los hechos de público y notorio conocimiento entre ambos jerarcas, que ocupando cargos de gobierno en representación del PC han sido objeto de cuestionamientos respecto de su actuar y su ética”, con base en varias “consideraciones de hechos y fundamentos de derecho”.

Sostienen que los hechos ocurridos en el Ministerio de Turismo que se hicieron públicos pusieron “un manto de dudas respecto del desempeño de ambos jerarcas, extremo que preocupa a la colectividad en su conjunto y corresponde la aclaración de las situaciones expuestas”. “A la vista de la normativa partidaria aplicable, corresponde la instrucción del procedimiento a los efectos de conocer la verdad de los hechos y descartar, o en caso de que corresponda, sancionar las conductas que puedan contravenir la mencionada normativa”, se agrega.

Los firmantes se amparan en el artículo 134 de la Carta Orgánica del PC, que señala que los afiliados y adherentes del partido “tienen el deber de observar la conducta cívica y cumplir el Código de Ética y Conducta Política que contribuya a prestigiarlo, respetando en la acción política su Programa de Principios”. En este marco, subrayan su preocupación por “las mutuas acusaciones efectuadas por los jerarcas, como ser la falta de ética, inoperancia, el no respeto de la normativa de compras del Estado y el incumplimiento de las tareas asignadas al cargo, entre otras”.

En la carta se agrega que “es pertinente tener en cuenta” que el FA “ha solicitado la interpelación del ministro de Turismo, reaccionando de forma inmediata a la situación”. Por lo tanto, entienden que esto los lleva “a la inmediata apelación de la situación”, ya que tienen “la profunda convicción de que es el PC, como colectivo que es representado por los denunciados, quien debe tomar la delantera a los efectos de aclarar la situación y resolver si correspondiere tomar medidas o aplicar sanciones, respetando las garantías constitucionales”.

En la misiva se señala que el espíritu de la denuncia no es “la generación de conflictos internos, sino la de aclarar y dar respuesta a la ciudadanía sobre el actuar de quienes representan al partido”. Teniendo estas consideraciones en cuenta, al final los firmantes piden que se instruya la denuncia “dándole traslado a los denunciados, a los efectos de conocer la realidad de los hechos, y brindarle una respuesta sobre los hechos a la colectividad política y a la opinión pública en general, y si correspondiere se recomiende la aplicación de las sanciones que entiendan”.

Pérez Banchero dijo a Búsqueda que tenía “discrepancias” con el ministro porque se utilizaba “como regla la compra directa por excepción y no la licitación pública” para los gastos en publicidad. “El ministro me dijo que si no firmaba [las resoluciones para las compras directas] me echaba; le dije que me echara, y bueno, procedió”, agregó.

“Complica la credibilidad del sistema político”

Entre los firmantes está el convencional departamental por Montevideo Nicolás Sosa, que en diálogo con la diaria sostuvo que la situación de Cardoso y Pérez Banchero “complica la credibilidad del sistema político y ni que hablar de la imagen del PC”. “Queremos que se aclare cuál es la situación de estas dos personas que ocupan cargos políticos. El objetivo es que el Comité de Ética haga la investigación, porque está para eso. Porque si esta persona [Pérez Banchero] está mintiendo, está ensuciando al ministro de Turismo, entonces, el PC debe tomar medidas con esa persona. Y si el ministerio está realizando procedimientos incorrectos, el partido también debe tomar alguna medida [con Cardoso]”, sostuvo.

Sosa aclaró que esta denuncia no tiene relación con otros hechos que protagonizó Cardoso anteriormente y que marcaron la agenda política hace pocos meses, como el caso de las llamadas telefónicas en las que el ministro pedía favores a un jerarca policial de Maldonado que fue imputado con prisión por cinco delitos. “Es totalmente independiente, es por este caso puntual. Esto no es ni contra Cardoso ni contra el exdirector de Turismo sino todo lo contrario: es para poder aclarar esto y que se sepa realmente qué es lo que está pasando, porque lo que sí es seguro es que se está dañando la imagen del PC”, finalizó.

(En base a un informe de la diaria)