Una delegación de Uruguay Transparente integrada por la Dra. Norma Locatelli, Felipe Ortiz de Taranco y Pedro Cribari, fue recibida por la presidenta de la JUTEP, Esc. Susana Signorino. En el encuentro se intercambiaron ideas acerca de cómo prevenir  la corrupción e incentivar la transparencia en la gestión pública.

Una investigación de eldiarioAR sobre la llamada causa Garbarino por el cierre de la empresa de venta de electrodomésticos más importante de Argentina Casa Garbarino, señala al estudio Juan Pedro Damiani como el usado por argentinos para crear sociedades y cuentas offshore. Correos electrónicos filtrados en los Panamá Papers aportan detalles sobre la relación del bufete con la firma suiza Swisser AG, denunciada por la AFIP por presunto lavado y asociación ilícita en el caso de la cadena de electrodomésticos.

Una nota publicada este lunes 9, con la firma de Emilia Delfino, señala que la pista suiza de la causa Garbarino está en Uruguay en el estudio de Damiani.

“La AFIP denunció que en 2013 dos compañías suizas sin actividad económica (Swisser AG y Helvetic Service Group) se llevaron alrededor de US$30 millones de la cadena de venta de electrodomésticos que años más tarde se sumió en una profunda crisis financiera”

La empresa argentina pasó de ser la líder del mercado a valer apenas 1 peso en junio de 2020. Los hermanos Daniel y Omar Garbarino la vendieron a Carlos Rosales, exfuncionario de Daniel Scioli, quien en julio último adeudaba tres meses de salarios a los 3.800 trabajadores de Garbarino, según reconoció la empresa ante la consulta.

Además, según los hallazgos del organismo fiscal y presentados ante la Justicia en 2017, Swisser AG movió acciones de diez compañías argentinas (incluida Garbarino) por alrededor de US$13 millones sin que pudiera rastrearse la verdadera identidad de esos accionistas y los beneficiarios finales del dinero que las suizas se llevaron de empresas locales de diversos rubros: desde constructoras de la obra pública hasta frigoríficos de exportación, entre otros, como informó este medio en las últimas semanas.

En 2013, Swisser AG y Helvetic se llevaron alrededor de US$30 millones de la cadena de venta de electrodomésticos, según la AFIP.

Se trata de Instrumentos Musicales SA (Promúsica), Decavial SA, Copelle SA, Adanti Solazzi y CIA, Frigorífico Gorina SA, Río Rojo SA, DesDelSur SA, Estancias San Francisco SA, Maquinarias Zurich SA y Garbarino SA. Ningún accionista o ejecutivo de estas compañías está imputado de ningún ilícito en la causa.

Quienes custodian la información clave sobre cómo y para qué se abrieron en Argentina estas dos firmas suizas, Helvetic Service Group y Swisser AG, son los responsables del estudio Damiani, que encabeza su socio y CEO, Juan Pedro Damiani, expresidente del Club Atlético Peñarol y el preferido de los argentinos que buscan resguardar sus fortunas en paraísos fiscales y cuentas bancarias en Suiza, como demostraron las filtraciones de documentos de los Panama Papers entre 2016 y 2018.

El estudio Damiani utilizó a Swisser AG para “triangular”, según admite un ejecutivo del bufete en un correo electrónico que se filtró gracias a la investigación liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung. elDiarioAR contactó durante días a través de llamada, mensajes y correos electrónicos a Damiani y Juan Fernández Methol (actual CFO y socio del estudio) para conocer su versión, pero en la sede del estudio de Montevideo respondieron que los miembros del bufete “no hacen declaraciones a los medios”.

Escribe Ricardo Sabella (*)

Cambios en las regulaciones, otros tipos de lavado de activos, la incidencia del ciberdelito, las nuevas formas de hacer negocios en el criptosistema, el control sobre los delitos tributarios, los riesgos relacionados con la pandemia, son todas nuevas realidades con una misma conclusión generalizada: Aún queda mucho por recorrer en el ámbito de la lucha contra los delitos financieros.

El sistema actual es sumamente costoso y hasta en algunos casos con rasgos de ineficacia. Si comparamos los resultados de los montos decomisados en procesos judiciales y los costos de los recursos que tanto las instituciones financieras como todos los obligados por las leyes aplican, la diferencia es sorprendentemente mayor a favor de los costos.  Esto sin contar: las sanciones determinadas por las autoridades a las instituciones financieras y otros sujetos obligados, la notable diferencia entre la valoración de los activos decomisados y el precio de su realización o venta y el costo de la administración de esos bienes hasta su remate o enajenación.

Estudios realizados por importantes firmas dan cuenta que en 2020, las multas por temas vinculados al lavado de activos han aumentado y llegaron a los usd 10.400 millones en el mundo. Independientemente de los resultados, es muy claro que estas iniciativas terminan encareciendo las transacciones financieras tradicionales, en pos de otros medios para concretar transacciones que al tener menores o escasa regulaciones, resultan más atractivos, tanto para el bien como para el mal. Uno de los claros ejemplos de mayores obligaciones a la industria transaccional bancaria internacional, son los nuevos requisitos de la nueva Ley estadounidense (AML Act 2020). Una de las secciones incorporadas a la reciente Ley establece que el Tesoro y el Departamento de Justicia ("DOJ") tienen la autoridad para citar a "cualquier banco extranjero que mantenga una cuenta corresponsal en los Estados Unidos y solicitar registros relacionados con dicha cuenta corresponsal, incluidos los registros mantenidos fuera de los Estados Unidos relacionados con el depósito de fondos en el banco extranjero". Estableciendo un esquema severo de sanciones por incumplimiento.

Estos temas y otros que comentaremos seguidamente, han estado en la agenda de discusión de más de 230 profesionales y especialistas que nos hemos reunido días pasados en el 9no Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas. Evento al que el responsable de esta columna, Carlos Loaiza ha sido habitual disertante en ediciones anteriores y seguro en futuras.

Muchos de los especialistas hemos coincidido que algunos países han estado muy preocupados por ponerse al día en materia de regulación para afrontar las evaluaciones coordinadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Este organismo revisa periódicamente que las definiciones legales en los países y la efectividad de su aplicación sean acordes con las recomendaciones internacionales. Pero no han realizado mayores esfuerzos en recursos y en especial en adopción de tecnología que les permita un mayor alcance en los controles, supervisión, análisis estratégico y en definitiva la coordinación de sinergias de los organismos públicos que cuentan con información de interés. Un rápido repaso de los requisitos de información que las personas obligadas deben requerir a sus clientes, hacen notar que gran proporción de tales requerimientos responden a informaciones que ya están en poder de alguno de los organismos del estado.

La falta de trabajo en común entre el sector público y privado y la escasa posibilidad de intercambio de información, generada en las posiciones que cada uno toma en su rol de supervisor y supervisado, así como las limitaciones para compartir datos, incluso dentro de las propias firmas obligadas o de los supervisores en distintas jurisdicciones, es una preocupación en la era de la transformación tecnológica. Los grandes mecanismos de lavado de activos son sofisticados y trasnacionales, no es una novedad.

Otro Foco: El incremento en constante crecimiento de negocios cripto, en plataformas como blokchain y ethereum exige un nuevo foco de estudio y desafíos en un entorno con prácticamente nula regulación. Desde juegos, servicios en línea y tradicionales, hasta curiosas modalidades de préstamos y derivados cripto para inversión. Tokens No Fungibles y otros instrumentos que explotan tecnología, son las nuevas formas de intercambio e inversión que muchas personas están utilizando. Por eso ya se han generado algunas propuestas de controles posibles que están siendo analizadas por las instituciones con el objetivo de retener a clientes jóvenes y ávidos de esta tecnología.

Conscientes que la pandemia ha traído nuevas modalidades de operación, los sistemas antilavado aún se están ajustando a una modalidad transaccional a distancia que ha venido para quedarse. Incrementando en algunos casos los riesgos vinculados a otros delitos que han mal utilizado la situación sanitaria, como son el incremento del fraude y la corrupción. Habiéndose constatado en algunos países el incremento de los reportes de operaciones sospechosas (ROS) relacionados a estos delitos.

En este escenario, también se ha trabajado en las formas de mejorar la determinación del verdadero costo de cumplimiento, para luego analizar las herramientas tecnológicas y procesos que permitan lograr mejoras, aunque mucho de este secreto, está en la aplicación de mayor sentido común por parte de todos los jugadores del sistema antilavado.

(*) Consultor en prevención y gestión del riesgo de lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y los delitos financieros. Colabora con Uruguay Transparente.

Los senadores y diputados colorados resolvieron "poner formalmente en conocimiento de la Jutep (Junta de Transparencia y Ética Pública)" las deudas que mantiene el legislador frenteamplista Oscar Andrade referidas a la construcción de su casa en San Luis, e instaron al organismo a "ejercer sus competencias del modo que considere pertinente" tras que se informó que no actuaría de oficio.

La decisión se tomó ya que consideran "evidente" que Andrade "omitió declarar sus deudas cuando al asumir su cargo formuló la correspondiente declaración jurada" ante el organismo, indicaron en un documento emitido ayer jueves.

En el mismo texto, los colorados indicaron que "ni los legisladores ni los dirigentes políticos o sindicales" deben tener privilegios a la hora de pagar los impuestos, ya que, además, "el salario de un legislador es ampliamente suficiente para estar al día" en el pago de los tributos.

"Las donaciones corren por cuenta de quien decida hacerlas, y de ninguna manera justifican el incumplimiento de las obligaciones para con el Estado", agregaron.