El caso de corrupción policial que se destapó en la Jefatura de Policía de Maldonado, ha dejado al descubierto un entramado donde aparece nombrado con una actuación, por lo menos discutible, un ministro de Estado, el colorado Germán Cardoso, pidiendo ciertos favores al coordinador policial Fernando Pereira haciendo pesar su condición de jefe de la cartera de Turismo.

ANTONIO LADRA

EL CASO. El fiscal letrado departamental de 2° turno, Jorge Vaz, solicitó que el tercero al mando de la Jefatura de Maldonado, el comisario Fernando Pereira, fuera formalizado como presunto autor de cinco delitos “en régimen de reiteración real”: revelación de información reservada, abuso de funciones, omisión contumacial de los deberes del cargo, omisión de funcionario público al no denunciar delitos y faena clandestina.

Se ha puesto la lupa también en la actuación de Cardoso, incluso el Frente Amplio ha pedido al presidente Luis Lacalle Pou que lo releve del cargo de ministro de Turismo, cosa que por ahora no va ocurrir. El jerarca ministerial tiene el respaldo de toda la coalición gobernante y del presidente. Los pronunciamientos en favor del ministro, tanto de Lacalle como del secretario de la presidencia Álvaro Delgado no dejan lugar a dudas.

Aunque el fiscal del caso no encontró motivos para formalizar a Cardoso es bastante discutible, desde el punto de vista ético, la actuación del ministro. En una primera lectura no parece haber hecho nada malo, en tanto su actuación, por así decirlo, se reducía a llamados cada tanto tiempo al jerarca policial, amigo personal, según dijo, para pedirle favores o "agilizar" ciertos reclamos que le llegan o le solicitan vecinos y correligionarios y también para familiares directos. Al decir del senador Jorge Gandini "hizo lo que cualquiera de nosotros (de quienes están en el poder, aclaro yo) haría" y es cierto, sería hipócrita negarlo. Así funciona este país, pero el problema es que el ministro no es cualquiera de nosotros.

No es la primera vez que el ministro aparece involucrado en casos de corrupción. Ya tiene "antecedentes" en el sonado caso de Sanabria. Recordemos que Francisco Sanabria, correligionario suyo, integrante del partido Colorado, fue procesado por lavar dinero cuando a través del cambio Nelson financió la campaña política de Cardoso por la cual fue elegido diputado y Sanabria su suplente, en octubre de 2014. En aquella oportunidad el actual ministro dijo que no sabía nada de los manejos irregulares de Sanabria. Esta sería otra "distracción" de Cardoso.

Pero además el policía ahora formalizado tiene antecedentes por apremios físicos en la ciudad de San Carlos, de varios años atrás, según reveló la dirigencia sindical de la policía del departamento. Y ahora, a partir de esta investigación quedó claro que el jerarca policial maquillaba las cifras de los delitos con el objetivo de que “le dé bien” y no solo eso, sino que además se lo va a investigar porque su patrimonio no está en consonancia con sus haberes.

Existe un delito llamado "abuso de funciones". Una ley mal redactada, imprecisa pero que tiene fuerza penal, pero además está vigente la Ley 19823 sobre Ética en la función pública.

Algunos de los artículos pueden contribuir a entender las obligaciones de los funcionarios públicos, obviamente válido también para ministros y otros cargos de la Administración.

Artículo 7 (Principios rectores).- Los funcionarios públicos observarán los principios de respeto, imparcialidad, objetividad y buena fe, rectitud e idoneidad y evitarán toda conducta que importe un abuso, exceso o desviación de poder, y el uso indebido de su cargo o su intervención en asuntos que puedan beneficiarlos económicamente o beneficiar a personas relacionadas directamente con ellos.

Artículo 9

(Inciso C) Tramitar asuntos como gestores, agentes o corredores, y, en general, tomar en ellos cualquier intervención que no sea la correspondiente a los cometidos del cargo o función de la repartición en la que revista.

Artículo 12

 (Concepto de corrupción).- Se entiende que existe corrupción, entre otros casos, en el uso indebido del poder público o de la función pública, para obtener directa o indirectamente un provecho económico o de cualquier otra naturaleza para sí o para otro, se haya causado o no un daño al Estado o a la persona pública no estatal.

La actuación del ministro entraría en la interpretación ya sea por el delito o por la violación de la ética.

En el año 2016, cuando era senador, el presidente Lacalle Pou escribió en su cuenta de twitter: "Algún día volverá el Uruguay en que los ministros renunciaban o se les pedía la renuncia. Por gestión o por vergüenza".

La Justicia sentenció que Sendic “excedió los poderes de su cargo” y “se apropió de dinero estatal” y lo condenó por los delitos de abuso de funciones y peculado.

La sentencia, firmada el martes 18 por la jueza María Helena Mainard —a la que accedió Búsqueda— hizo lugar al pedido del fiscal Luis Pacheco y rechazó la solicitud de absolución de la defensa.

Mainard condenó a Sendic a 18 meses de prisión, cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa de 500 unidades reajustables ($ 669.000). Sin embargo, le concedió el beneficio de la suspensión condicional de la pena, debido a su calidad de primario, “lo que hace prever que no habrá de incurrir en una nueva conducta delictiva”. Por lo tanto, si en un año el exjerarca no comete un nuevo crimen, se extingue el delito y se eliminan sus antecedentes penales.

El abogado Gumer Pérez, defensor de Sendic, informó a Búsqueda que presentarán un recurso de apelación. Así, la condena en primera instancia será analizada por un tribunal de apelaciones y, si mantiene el fallo, la defensa podría presentar un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Sendic, que asumió la vicepresidencia del país durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, decidió renunciar a su cargo en setiembre de 2017, luego de que el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio cuestionara el uso que dio a las tarjetas corporativas de Ancap. Esos hechos no estuvieron incluidos en la denuncia original que presentaron los partidos políticos, sino que fueron incorporados a la causa luego de que Búsqueda publicara una investigación detallando los gastos realizados por Sendic con las tarjetas del ente.

Sendic fue investigado, junto con varios directores de la petrolera, a raíz de la denuncia presentada en abril de 2016. Al término de la investigación, la Fiscalía pidió procesar a nueve jerarcas del ente. Pero en una sentencia de mayo de 2018, la jueza Beatriz Larrieu procesó solo a Sendic por los presuntos delitos de abuso de funciones y peculado. El procesamiento fue apelado por la defensa, y tanto el tribunal de segunda instancia como la SCJ lo confirmaron.

Una vez que el procesamiento quedó firme, en febrero de 2020, el juicio se reanudó. La defensa del exvicepresidente pidió más pruebas y testimonios para procurar demostrar su inocencia —entre ellos la citación de la actual ministra de Economía, Azucena Arbeleche—, pero la Fiscalía mantuvo su posición. Ya en la etapa final del juicio, los abogados de Sendic presentaron un escrito cuestionando la actuación de la Fiscalía. Afirmaron que el “mayor pecado” de Sendic fue buscar un beneficio para la empresa estatal y que el fiscal faltó “a la verdad” y presentó a la Justicia un pedido de condena “absurdo” (Búsqueda Nº 2.112).

Sin embargo, la jueza Mainard desestimó esos argumentos y falló que los delitos perseguidos por la Fiscalía se encuentran plenamente probados.

Por un lado, la magistrada consideró que Sendic cometió abuso de funciones en su intermediación con la financiera Exor para que diseñe un mecanismo para cancelar una deuda de Ancap con la petrolera venezolana Pdvsa. “El imputado Raúl Sendic realizó actos arbitrarios en abuso de su cargo, al exceder el ámbito de su competencia y violentar formalidades básicas que impone la normativa para actuar, especialmente la firma de un contrato, exponiendo a acciones indemnizatorias” a Ancap, escribió en el fallo.

Es que una vez que Exor había avanzado en el diseño de la ingeniería para refinanciar la deuda, Pdvsa pidió que sea apartada del negocio, lo que llevó a que la financiera reclamara indemnizaciones a Ancap e incluso le iniciara un juicio.

Según explicó Mainard, Sendic “excedió los poderes de su cargo en tanto autorizó en forma verbal la intervención de Exor para lograr la cancelación anticipada de la deuda y firmó un acuerdo en el cual reconocía la intervención de esta sin seguir los procedimientos legales”. Así, ocasionó “un perjuicio económico al ente cuando Exor fue excluida de la negociación sin recibir pago por el trabajo realizado”.

“Todas las gestiones y reuniones celebradas a los efectos de la cancelación anticipada de la deuda que mantenía Ancap con Pdvsa, así como la participación de Exor, fue realizada por el imputado sin dar noticia al directorio ni consultar a Servicios Jurídicos”, afirmó Mainard. “Un día antes de la firma del primer convenio” en marzo de 2012 se consultó al gerente de Servicios Jurídicos “en forma telefónica”. Y “recién luego de la firma” se dio noticia al directorio para que ratificara lo actuado.

Por otra parte, la jueza condenó a Sendic por peculado, debido a que realizó compras personales con la tarjeta corporativa del ente sin una debida justificación. Según indicó la magistrada en su sentencia, Sendic “no aclaró las compras realizadas, ni en su declaración ante la sede ni ante la Jutep (Junta de Transparencia y Ética Pública), ni presentó las facturas correspondientes a los gastos, ni los comprobantes de reembolso en el caso de gastos personales”.

De los estados de cuenta de las tarjetas surge un listado de gastos que “incluye hoteles, restaurantes y combustible, compras realizadas en tiendas de ropa, supermercados, calzados deportivos, electrónica, joyería, librerías, entre otros”. El único reembolso realizado como presidente del ente “fue de US$ 130, según informe de la Jutep”.

“Descartando los gastos que podrían vincularse a la función (hoteles, restaurantes, combustible)” y “considerando la naturaleza de las compras”, la magistrada afirmó que “existe plena prueba en cuanto a que las compras efectuadas con las tarjetas corporativas no corresponden al ejercicio de la función como presidente del Directorio de Ancap, sino que constituyen gastos personales”. Por eso, Sendic “utilizó las tarjetas corporativas como propias, apropiándose del dinero estatal, en razón de su cargo, obteniendo en definitiva un beneficio económico”. ( Fuente: Búsqueda)