El subsecretario de Defensa, Rivera Elgue, figura como deudor irrecuperable en el Banco República. Elgue, dirigente de Cabildo Abierto le sigue en jerarquía al Ministro de Defensa de Defensa, Javier García.

Un informe publicado en el semanario Brecha señala que “Rivera Elgue, viceministro de Defensa, figura en la Central de Riesgos Crediticios del Banco Central como deudor «irrecuperable» por un préstamo que recibió del Banco República”.

“En virtud de la pésima nota, el banco estatal lo sancionó con una multa de 8 mil dólares, que, a agosto de este año, tampoco había cancelado”.

Elgue dijo a Montevideo portal que "con el BROU ya desde la semana pasada estaba negociando el pago de esa deuda". Además, afirmó que con el BHU tiene "un préstamo hipotecario como tenemos miles de uruguayos".

"Con ese préstamo compré mi casa y estoy abonando mes a mes y no tengo ninguna deuda, y lo que figura de Anda es la garantía de alquiler que tengo en Montevideo. Como estoy en Montevideo trabajando, alquilo. Es una garantía de alquiler. Esas son mis deudas", apuntó.

Elgue argumentó que su deuda figura como "irrecuperable" porque el pago se interrumpió durante más de cuatro meses. La publicación de Brecha añade que Elgue también debe al Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) un préstamo de 6.121.355 pesos y a Anda otros 24.000. También en estas entidades figura que tiene "capacidad de pago comprometida".

En Montevideo portal explicó que "la categoría que figura" en el BHU y Anda "es por tener esa categoría en el BROU", ya que "las otras entidades no pueden poner una mejor categoría de deudor. Son normas del Banco Central".

"Desde la semana pasada estaba negociando con el BROU y ahora justo me llama la atención que apareciera esto", dijo y luego agregó que la divulgación de esta información "tiene clara intencionalidad política".

El dato llama la atención por el buen nivel de ingresos del coronel retirado –que acumula cerca de 400 mil pesos mensuales gracias a su cargo de subsecretario y a su jubilación­–, y abre consideraciones éticas sobre las buenas prácticas de un servidor público, integrante del círculo de mayor responsabilidad del nuevo gobierno”, dice la nota.

En respuesta, Elgue dijo: "Ni mi salario ni mi pasividad son líquidos, son nominales". "Y yo no tengo una pasividad de 200.000 pesos, como dice ahí. No es cierto", expresó y añadió que su salario "es sumamente inferior".

Se fue Alberto Zumarán, un referente ineludible en la defensa y promoción de la democracia, en tiempos normales y, en especial, en los años de la dictadura.

Uruguay Transparente lamenta la desaparición física de quien integrara nuestra institución, contribuyendo de modo consecuente a la lucha a favor de la transparencia y a la prevención y combate de la corrupción.

Que en paz descanse. 

Con los votos de la coalición de gobierno, la Cámara de Senadores aprobó los artículos de la LUC vinculados a inclusión financiera y lavado de activos.

Entre los principales cambios se destaca la eliminación de la obligatoriedad de la inclusión financiera, el incremento a 100 mil dólares del monto de transacciones en efectivo y la libertad de elección en la forma de cobro de prestaciones laborales para nuevas contrataciones laborales, pudiendo elegir el cobro del salario entre depósito bancario o dinero en efectivo.

El senador oficialista Jorge Gandini defendió las modificaciones a la actual reglamentación y aseguró que el Frente Amplio a la hora de criticar los cambios confunde inclusión financiera con lavado de activos.

La oposición no votó estos artículos. Mario Bergara, ex ministro de Economía del gobierno del Frente Amplio y ex presidente del Banco Central, dijo que los cambios suponen retroceso y facilitan la evasión tributaria y el lavado de activos.

Consideró un exceso el aumento del monto habilitado para transacciones en efectivo. Tendremos dificultades para sostener las buenas evaluaciones

Uruguay es el país latinoamericano con más capacidad para combatir la corrupción y Venezuela el que menos de acuerdo con un índice anual que, según sus autores, pone en evidencia que la región ha bajado la guardia ante este problema en un momento especialmente preocupante por la pandemia de COVID-19.

La organización Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y la empresa de consultoría Control Risks publicaron este lunes el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) 2020, una herramienta analítica basada en datos que fue creada en 2019.

"La ola anticorrupción que estaba avanzando en América Latina hace unos años ha perdido fuerza y, en algunos lugares, está retrocediendo peligrosamente. Lo que es aún más preocupante: esto está sucediendo mientras la COVID-19 está aumentando el riesgo de corrupción en toda la región", dijo Roberto Simon, director senior de políticas públicas de AS/COA, en un comunicado.

En lugar de medir las percepciones o el daño económico causado por la corrupción, el Índice CCC evalúa y clasifica a los países según la eficacia con la que pueden combatir ese problema, que ha sido "históricamente una carga para América Latina que ha minado el crecimiento, la democracia y la gobernabilidad y violado los derechos de millones de personas".

La segunda edición del Índice CCC cubre 15 países latinoamericanos, 7 más que en la primera.

Uruguay tiene la puntuación más alta (7,78 de 10), lo que significa que es el país de los 15 analizados que más probabilidades tiene de descubrir, castigar y detener la corrupción.

A Uruguay le siguen Chile (6,57), Costa Rica (6,43), Brasil (5,52), Perú (5,47), Argentina (5,32), Colombia (5,18), México (4,55), Ecuador (4,19), Panamá (4,17), Guatemala (4,04), Paraguay (3,88), República Dominicana (3,26), Bolivia (2,71) y Venezuela (1,52).

Si se comparan los resultados de 2019 y 2020 en los ocho países analizados los dos años, se aprecia que solo Perú ha mejorado, Argentina se ha mantenido igual y en el resto (Chile, Brasil, Colombia, México, Guatemala y Venezuela) ha habido retrocesos.

"Los resultados del Índice CCC 2020 tienen implicaciones significativas para quienes hacen negocios en América Latina", señala Geert Aalbers, uno de los socios de Control Risks.

"Revelan un panorama legal desigual y cambiante, lo que subraya la necesidad de que las empresas actualicen sus evaluaciones de riesgos y, en consecuencia, adapten sus programas de cumplimiento de la ley para gestionar los riesgos de corrupción de manera más efectiva", agrega.

El Índice CCC analiza 14 variables claves, entre ellas la independencia de las instituciones judiciales, la fuerza del periodismo de investigación y el nivel de recursos disponibles para combatir los delitos de cuello blanco.

Se basa en datos y en una encuesta patentada realizada entre los principales expertos anticorrupción de Control Risks, la academia, la sociedad civil, los medios y el sector privado.